Garabito, Puntarenas, 1 de julio de 2026. Tres exalcaldes de la Municipalidad de Garabito cuestionan el accionar de la actual administración durante el derribo de la aguja ubicada en Punta Leona, realizada el pasado 4 de junio, y coinciden en que esta acción requería una resolución judicial expresa y vigente, al tratarse de un asunto que continúa siendo analizado por los tribunales.
Así lo manifestaron Tobías Murillo Rodríguez, alcalde de Garabito de 2016 al 2024; Marvin Elizondo, de 2007 al 2016 y Víctor Ríos Chavarría, de 1998 al 2002, quienes sostienen que cualquier actuación sobre un acceso cuya naturaleza jurídica permanece en discusión debe fundamentarse en resoluciones judiciales claras y en estricto apego al debido proceso.
Exalcaldes insisten en el respeto a las resoluciones judiciales. Murillo señaló que la principal interrogante es si existía una resolución judicial que autorizara la apertura del paso y, de ser así, esta debió ser presentada antes de ejecutar la actuación. «Si ya había una orden del juez para abrir la calle, lo más correcto era haber demostrado el documento y presentarlo a los representantes de la empresa», manifestó.
Asimismo, advirtió sobre las eventuales consecuencias que podría enfrentar el humedal de la zona si se continúa con los planes del alcalde que incluye la realización de un concierto en Playa Blanca. «Se van a afectar los humedales y sería una lástima que por hacer esos procedimientos se afecte la parte económica, no de Garabito, sino del país», indicó.
Por otro lado, Marvin Elizondo también manifestó sus dudas sobre el procedimiento seguido por la actual administración y aseguró que durante su gestión nunca recibió una orden judicial ni una instrucción formal para abrir ese acceso.
«En mis 10 años como alcalde nunca recibí una notificación de ningún juez ni un acuerdo del Concejo Municipal que ordenara abrir ese acceso público. La única orden que recibí fue para retirar unos bloques de concreto colocados en el sector de las rocas, y eso fue lo que se hizo», afirmó Elizondo.
Víctor Ríos, por su parte, aseguró que durante su gestión se ejecutaron las resoluciones judiciales que ordenaron la apertura de los accesos a Playa Mantas y Playa Blanca. Según explicó, ambas actuaciones se realizaron con acompañamiento de autoridades judiciales, representantes del Instituto Geográfico Nacional y funcionarios municipales, por lo que considera que esas sentencias ya fueron ejecutadas y que cualquier nueva apertura requeriría una resolución judicial independiente.
«La sentencia del 2001 ya fue ejecutada. Si se pretende abrir otro acceso, tiene que existir otra sentencia que así lo determine», afirmó.
Ríos aseguró que corresponde a los tribunales definir de manera definitiva si el camino donde se ubicaba la aguja tiene carácter público o privado. «Lo correcto es que un juez determine esa condición para evitar problemas posteriores para la Municipalidad y para el cantón», señaló.
Coincidencia en la necesidad de certeza jurídica
Los tres exalcaldes de Garabito coincidieron en que la certeza jurídica es fundamental para garantizar que las actuaciones de las instituciones públicas se desarrollen dentro del marco legal y con pleno respeto a las resoluciones judiciales.
También señalaron que una sentencia definitiva permitirá resolver de manera concluyente la controversia sobre la naturaleza jurídica del acceso a Playa Blanca.
